MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DOCTOR JAVIER VILLA STEIN.
.Señor Presidente Constitucional de la República, doctor Alan García Pérez
Señor Presidente del Congreso de la República, doctor Javier Velázquez Quesquén
Señor Presidente del Tribunal Constitucional, doctor Juan Vergara Gotelli
Señor Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Hugo Sivina Hurtado
Señora Fiscal de la Nación, doctora Gladys Echaíz Ramos
Señor Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, doctor Luis Edmundo Peláez Bardales
Señores Congresistas de la República
Señores Vocales Supremos, Fiscales Supremos, Miembros del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones y del Consejo Nacional de la Magistratura
Señores Ministros de Estado
Señora Defensora del Pueblo, doctora Beatriz Merino Lucero
Señor Arzobispo de Lima y Primado del Perú, cardenal Luis Cipriani Thorne
Señores Representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú
Señor Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos doctor Luis Fernando Izquierdo Vásquez
Señor Alcalde Metropolitano de Lima, doctor Luis Castañeda Lossio
Señores Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de Lima, Lima Norte y del Callao, y de las Cortes Superiores de Justicia de toda la República
Señor Decano del Colegio de Abogados de Lima, doctor Walter Gutiérrez Camacho
Señores trabajadores del Poder Judicial
Señoras y señores, aquí presentes.
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El 4 de diciembre pasado la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República me eligió democrática y fraternalmente su Presidente, y Presidente del Poder Judicial.
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Hoy 5 de enero del año 2009 que asumo el alto y digno encargo, en este Salón que lleva el nombre del Primer Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República don Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada, elegido en Diciembre de 1824, y a quien remotamente sucedo en el cargo, del mismo modo que ahora sucedo al gran señor y amigo que es el señor doctor Francisco Távara Córdova, sobre cuyos robustos hombros la tarea de la presidencia me va a resultar mas llevadera. Asumo, además, con la grata presencia del señor Presidente Constitucional de la República doctor Alan García Pérez, lejano sucesor de José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, primer Presidente del Perú.
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Es este pues, un día histórico no para nosotros los episódicos protagonistas, sino para el Perú Republicano, su democracia y su Poder Judicial que expresa en este patriótico acontecimiento su sostenibilidad como país.
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El marco en el que nos toca actuar es el de un estado constitucional y liberal de derecho y el poder que desde hoy represento, es uno cuya independencia es su única justificación, un poder cuya naturaleza y configuración debe resistir y sobrevivir exitosamente, en defensa de la legalidad constitucional, los embates del poder formal y del poder real que nace del plural y natural juego de intereses sociales. Es nuestra metaregla la Constitución, y con ella la tutela de los derechos fundamentales, y que a decir de Luigi Ferrajoli
[1] “no hay voluntad de mayoría, ni interés general, ni bien común o público a los que puedan ser sacrificados”.
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Sin embargo, de esto no proclamamos un ejercicio autárquico y enemistoso con los demás Poderes e instituciones autónomas del Estado y la sociedad, todo lo contrario, es nuestro criterio que el diálogo y la cooperación permanente, así como el acuerdo social debe guiar todos y cada uno de nuestros pasos. En la sociedad contemporánea, y contrariamente a determinada prédica ideológica, es el dialogo fecundo y no la lucha de clase, la partera de la historia.
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No venimos a hablar de reformas, que por lo demás han sido muchas desde la primera de 1828; la del 20 de Agosto de 1831; la del 2 de mayo de 1836 bajo la Presidencia Provisional de José Luis de Orbegoso; la de 1839; la quinta de 1855 refrendada por Ramón Castilla y Pedro Gálvez; la de 1866 bajo el Gobierno de Mariano Ignacio Prado; la de 1930 de Sánchez Cerro; la de 1968 del General Velasco Alvarado; la de 1975 con el Presidente Morales Bermúdez; la del segundo Gobierno del Presidente Fernando Belaunde Terry; la del 5 de Abril de 1992 con motivo del auto golpe consumado por el Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori en la que se destituye a 134 Magistrados de toda la República en los diversos niveles; y luego de una campaña de desprestigio contra los miembros del Poder Judicial a quienes entre otros calificativos, como revela el profesor Amoretti Pachas, los calificaron de corruptos, ineficientes e incapaces, es que con fecha 30 de junio de 1992 mediante Resolución Administrativa No. 045-92-P-CS se formó la Comisión de Reforma Constitucional del Poder Judicial. La integraron el Vocal Supremo Ortiz Bernardini, los doctores Domingo García Belaunde, Florencio Mixán Mass, Fernando de Trazegnies Granda, Javier de Belaunde López de Romaña, Juan Monroy Gálvez y Víctor Roberto Prado Saldarriaga.
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Tampoco venimos a hablar de la reforma que propugnan ciertos redentores maniqueos, que invocan permanentemente motivos sublimes para su intromisión.
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El Poder Judicial desde el ámbito constitucional tiene que ser independiente; por sobre toda otra consideración; independiente y además célere; eficaz; honesto; transparente y eficiente; solo así, y en este orden de conceptos se consigue la seguridad jurídica, condición necesaria y causal del crecimiento económico y la paz social.
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El juez desde su posición de garante de los derechos fundamentales no se rige por el consenso popular ni por criterios de representatividad por ello su independencia debe ser conforme entiende Ferrajoli, incluso frente “a cualquier poder representativo de la mayoría” y así “ la legitimidad del juicio reside en las garantías de la imparcial determinación de la verdad , no pudiendo depender del consenso de las mayorías que ciertamente como abunda el profesor de Bologna no hace verdadero lo que es falso ni falso lo que es verdadero” . Este es el sentido de la frase de Bertolt Brecht “no habrá un juez en Berlín” dicho mas descoloridamente el juez debe de estar en condiciones de condenar o absolver mas allá de la grita y la turbamulta mas allá de los odios de los odiadores, de los jacobinos.
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Ronald Dworkin lo dice a su modo “Los derechos fundamentales y sus garantías son derechos y garantías “contra las mayorías “, Ferrajoli añade que “no se puede condenar o absolver a un ciudadano porque esto responda a los intereses o la voluntad de la mayoría.
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La independencia del juez debe serlo incluso de los poderes internos del propio Poder Judicial de donde surge que el órgano de control no puede en caso alguno, y bajo pretexto alguno, tocar o intervenir la discrecionalidad jurisdiccional, de donde surge además el carácter anacrónico e incompatible con el estado constitucional de derecho la ratificación periódica de los jueces, pues contraviene el origen de su legitimación.
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Asumimos en un escenario nacional e internacional complicado a causa de la crisis económica mundial lo que obliga mayores esfuerzos del Poder Judicial para resolver los conflictos que, en adición a los ordinarios, se deriven de esta situación novísima. Debemos, pues, además del plan anticrisis o anticíclico del Gobierno Central, que preside con contundente acierto el Presidente Constitucional de la República, coadyuvar con uno propio, en una política de Estado, del cual damos cuenta en este solemne acto al Jefe del Estado aquí presente.
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La tarea y responsabilidad que esperamos, nos corresponde a los jueces y trabajadores del Poder Judicial, con el concurso cooperante y consensuado, pero no intrusivo, de los otros Poderes del Estado e instituciones autónomas; de la cooperación internacional; de la prensa; de todos los sectores políticos, gremiales, y de las Universidades, la Iglesia y asociaciones comprometidas con la justicia.
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El reconocimiento y legitimidad social del Poder Judicial debe derivar de la rapidez, seriedad y legalidad conque resuelva los conflictos puestos a su arbitrio, sea cual fuere su índole, sin privilegiar entidades criminales, de cara al principio de igualdad; y, en evitamiento de tipificaciones penales a la medida del propósito de perseguir a oponentes políticos; en evitamiento entonces de una instrumentalización del Poder Judicial en la persecución de sectores ciudadanos, civiles o militares, incidiendo, en cambio, en el reforzamiento y mejora en la protección de usuarios más vulnerables.
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En el quehacer por venir, administramos una concepción descentralizada y desconcentrada de la política judicial.
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De cara a una apertura económica que vive el país, indiscutiblemente, y de la cual surge la urgencia de implementar tecnología de punta de la información y de la comunicación, así como un cambio cultural en la comunidad jurídica que involucre a Magistrados de todas las instancias, trabajadores del Poder Judicial y abogados litigantes.
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El crecimiento económico derivado de la apertura crea, como no, nuevas figuras jurídicas, alterando en definitiva el universo de intervención y exigiendo nuevos modelos de gestión, para procurar como recomienda la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en la República Dominicana:
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Nuevos servicios al justiciable.
Mayor acceso a la justicia.
Mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos judiciales.
Mayor transparencia en los procesos; y,
Mayor participación ciudadana.
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Es menester vencer la resistencia al cambio, con el auxilio de las más recientes áreas especializadas en el campo de la Psicología organizacional, Psicología ambiental, Economía de la sustentabilidad, mercadotecnia social y la pedagogía comunitaria.
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El Poder Judicial debe ser funcional a la sociedad en su conjunto para comprender, como sugiere el profesor Douglass North, Premio Nobel de Economía 1993, (1990)
[2], que los costos de transacción entre agentes económicos institucionales ineficientes elevan los costos, retraen el comercio. Por el contrario, la institucionalidad eficiente reduce los costos y fomenta los intercambios en beneficio del país.
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En este orden de conceptos, y siempre de la mano del Nobel de Economía, el rol que cumple el Poder Judicial en la solución y arbitrio neutral, e imparcial de conflictos de intereses es crucial y con ello se garantiza la seguridad y estabilidad jurídica y el desarrollo económico.
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Los estudios económicos
[3] señalan que “una justicia ineficiente influye negativamente en los aspectos tales como riesgo país; decisiones de inversión; tasas de interés y transacciones comerciales, y un Poder Judicial débil puede afectar entre un 15% y un 25% la tasa de crecimiento económico del país.
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Es por estos conceptos preliminares que desde ya anuncio un Consejo Consultivo del Poder Judicial integrado por un selecto número de economistas peruanos, con quienes ya he contactado, ellos son: Pedro Pablo Kuczkinsky, Pablo Secada, Elmer Cubas, Carlos Adrianzén, y Gianfranco Castagnola.
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En este contexto, he planteado un conjunto de medidas, para el periodo 2009 -2010. Su determinación se inserta dentro de las políticas de Estado, diseñadas por el Acuerdo Nacional, para el sector justicia; esto es, en la perspectiva del compromiso de garantizar el acceso universal a la justicia, la promoción de la paz; la autonomía, independencia y el presupuesto del Poder Judicial y su complemento indispensable en la justicia comunal o de vecindad; así como en el respeto del goce y vigencia de los derechos fundamentales. Todo ello recogido pero no del todo plasmado en la agenda pendiente de la Ceriajus.
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Sin embargo, la ponderación y selección de las medidas para este bienio, responde a criterios de prioridad, viabilidad y correspondencia con la exigencia de consolidación de las acciones ya emprendidas, y en el entendimiento de constituirnos en un Poder del Estado autónomo e independiente que imparta justicia predecible, accesible, eficiente, efectiva y eficaz, con transparencia interna y externa.
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El cumplimiento de los grandes objetivos de Estado, en materia de justicia es una tarea compleja y de largo plazo. No se puede concretar sin la conducción estratégica de la Sala Plena de la Corte Suprema, como máximo órgano de deliberación. La implementación nacional de las decisiones de política que adopte es responsabilidad primaria y permanente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. La Presidencia debe constituirse en un órgano de coordinación, monitoreo y evaluación de las decisiones programáticas y su implementación.
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Reafirmo pues, la necesidad que la Sala Plena de la Corte Suprema siga cumpliendo su papel decisivo en las reformas de mediano y largo plazo, diseñando, implementando y dirigiendo la política institucional. Ello se logra mediante un conocimiento integral de los problemas y expectativas de los Distritos Judiciales del país. Una visión descentralizada del poder implica el permanente contacto de su máximo órgano de gobierno con los Distritos Judiciales. Supone también ponerse en consonancia con la redistribución de tareas que bien pueden ser asumidas por las propias Cortes y dejar al Consejo Ejecutivo la implementación de las grandes líneas de acción.
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Por otro lado, la Sala Plena debe reasumir su rol activo en la programación e implementación de las reformas legislativas; en particular, las vinculadas a la reforma del sistema de justicia, para lo cual se constituye en un interlocutor permanente en la reforma constitucional del sistema de justicia.
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El Poder Judicial tiene una responsabilidad histórica con la sociedad; debe por tanto retomar su función contralora de la constitucionalidad de las leyes, como la Ley de Carrera Judicial, que debe ser revisada en aspectos cruciales como la creación de un sistema de permanencia precaria de los magistrados en el servicio judicial; la tipificación difusa de las faltas de los magistrados; o la introducción de la mordaza a los Magistrados; aspectos que manejados de manera populista, arrasan con la necesaria independencia y autonomía de los jueces y, con ello, con la seguridad jurídica del país.
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Declaramos, sin embargo, que el Poder Judicial no se opone a evaluación parcial de los magistrados, como lo establece la Ley de la carrera judicial; todo lo contrario, más bien consideramos que esta evaluación debe ser permanente; para ello en la fecha presentaré al CEPJ un proyecto para la conformación de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño de los Magistrados del Poder Judicial, encargada de evaluar permanentemente la labor jurisdiccional de los jueces; pero no como una actividad persecutoria sancionadora, sino para fomentar su eficiencia y su capacitación y mejorar el servicio de justicia
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El Gobierno Central del Poder Judicial y los de los distritos judiciales deben estar en comunicación para lo cual es menester un órgano de coordinación permanente que reúna a los Presidentes de las Cortes Superiores, que finalmente son los voceros legítimos de la magistratura en su Distrito, bajo la conducción del Presidente del Poder Judicial, sin perjuicio de los Congresos Nacionales de Magistrados que con tanto acierto ha instaurado nuestro Presidente Francisco Távara Córdova, y constituye un hito democrático en el proceso de indiscutible mejora del sistema de justicia.
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Constituye una afirmación recurrente señalar que el Presupuesto del Poder Judicial es insuficiente para el cumplimiento de sus metas institucionales. En función de la demanda efectiva y la litigiosidad de los usuarios puede advertirse que su Presupuesto real ha decrecido sustancialmente.
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Proponemos entonces, un dialogo fluido con el Ministerio de Economía y Finanzas para, de consuno construir a mediano plazo un presupuesto que involucre, resultado y monitoreo.
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A los efectos de desconcentrar la administración del presupuesto del Poder Judicial, en pro de una eficiencia en el gasto, es necesario que las Cortes Superiores se constituyan en unidades ejecutoras, y monitorear su desempeño y sus resultados.
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En uso de mis atribuciones como Titular del Pliego, en este acto, ordeno y dispongo en una primera etapa, la ampliación de competencias de las 10 Cortes Superiores de Justicia que cuenten con Consejo Ejecutivo para gestión de adquisición de bienes y servicios, así como acciones concernientes al traslado local de Magistrados y lo relativo a ocurrencias relativas al personal administrativo.
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Una de las debilidades que se atribuyen a la organización judicial es su incapacidad de interactuar con el entorno, y de generar transparencia en la toma de decisiones. Situación que se refleja en la propia actitud de sus componentes de no comunicarlas adecuadamente. Considero, absolutamente perentorio consolidar un dialogo permanente con los medios de prensa, y de apertura de la información. Es así que emprenderemos, las siguientes acciones:
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1. Designar voceros judiciales en la Corte Suprema y cada una de las 29 Cortes Superiores de Justicia.
2. Iniciar la labor de difusión de la actividad judicial a través del IRTP- canal 7
3. Potenciar la utilización del Portal PJ como medio de difusión de la labor jurisdiccional
4. Formular el proyecto de Inversión para la creación de un medio de comunicación masivo (televisivo) propio del Poder Judicial.
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Me comprometo ante el país incentivar la labor integradora y predecible de la Corte Suprema, a través de los Acuerdos Plenarios y los precedentes vinculantes. Labor que debe extenderse al ámbito constitucional, civil, administrativo y laboral, manteniendo el criterio de decisión vinculante, para todos los jueces y de libre acceso y conocimiento de los usuarios.
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Esta función integradora se condice con la racionalización de la carga procesal que debe conocer la Corte Suprema, como instancia fundamentalmente de casación. Considero que es indispensable retomar la discusión constitucional sobre este aspecto.
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En el ámbito de la lucha contra la corrupción, debemos privilegiar el control preventivo y sistemático, sin sacrificio de la independencia del Juez, atacando los factores condicionantes o determinantes: modernizando los métodos de trabajo, fomentando la transparencia interna y externa en la toma de decisiones. La implementación nacional del nuevo Código Procesal Penal abona en este sentido, y lo mismo debe hacerse en el ámbito procesal civil. Las buenas prácticas y los méritos de los jueces y trabajadores del Poder Judicial deben ser reconocidos.
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Proponemos las siguientes acciones:
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Utilización intensiva de la tecnología y la información para el control preventivo
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Mejora sistemática de los trámites judiciales en aquellos procedimientos o procesos judiciales que son sustantivamente importantes para la ciudadanía.
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Establecimiento de mejoras practicas en la atención de información jurisdiccional.
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Implementar una Unidad de Inteligencia Financiera del Poder Judicial, en coordinación con la UIF ya existente, para controlar crecimientos ostensibles o movimientos financieros inusuales de Magistrados y personal jurisdiccional. Esta implementación ser hará en coordinación con la OCMA.
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A su turno, es imperativo involucrar a los abogados litigantes, en la lucha contra la corrupción, para lo cual propongo:
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1. Implementar un sistema riguroso de acreditación de abogados ante el Poder Judicial, por parte de un rediseñado Consejo Nacional de Magistratura o del Colegio de Abogados.
2. Incorporar a los abogados litigantes al ámbito de deber, de modo y manera que a la eventual infracción a este deber, les alcance la responsabilidad del funcionario público, y los tipos penales de infracción de deber.
3. Propongo en este acto, además, y ordeno se incluya en la agenda para la Primera Sesión del año, se apruebe las directivas de sanción que deberán imponer los Magistrados a los abogados que operen articulaciones maliciosas, conforme a ley.
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En lo que a la carga procesal concierne, la lucha contra los delitos contra el patrimonio del Estado, debe sacrificar su sino moralizante y moralizador, propio de un puritanismo de Estado, del Estado platónico a decir de Hegel, en procura de una reacción penal mas pragmática y funcional, tratando mas eficientemente los casos de bagatela, con el aparato administrativo sancionador. Propongo en este acto al Congreso de la República, a su distinguido Presidente aquí presente, un debate sobre la factibilidad de fijar mínima cuantía para los delitos de infracción de deber contra el patrimonio del Estado (peculado, malversación de fondos y otras de igual carácter), evitando así que el costo del juicio sea mayor que la lesividad.
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Uno de los aspectos que merece un impulso decisivo es el de la meritocracia. Toda organización que se precie de moderna, la tiene como pilar. El reconocimiento del mérito ha de ser un componente para la promoción en la carrera; también debe formar parte de las líneas de acción del Órgano de Control.
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Vamos a modernizar el Despacho Judicial, Juzgados Mixtos o Especializados y de las Salas Superiores.
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Me comprometo en este acto impulsar en el seno del Consejo Ejecutivo:
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La aprobación de los cuadros de Méritos y de antigüedad de los Vocales Superiores a nivel Nacional, dentro del primer semestre del 2009.
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Disponer en este acto de gobierno que las Cortes Superiores de Justicia de la República aprueben los cuadros de méritos y de antigüedad de los jueces especializados y/o mixtos, dentro del primer semestre del 2009; para el debido cumplimiento de la LOPJ y de lo previsto en la Ley de la Carrera Judicial, que entrará en vigencia próximamente.
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Transparentar la información de la Hoja de Vida de Magistrados en todos los grados y a nivel nacional y publicarla en el sitio institucional.
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El día de hoy estoy presentando al CEPJ el proyecto de reglamento de Designación de Magistrados suplentes con la finalidad de contar con los abogados más idóneos de cada Distrito Judicial para cubrir las vacantes que no puedan ser cubiertas por magistrados provisionales, lo que se deberá publicar en el sitio.
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En materia de conducción estratégica de la Corte Suprema y Diseño de política institucional, daremos continuidad a la gestión del doctor Távara en el siguiente sentido:
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Aplicar el Plan Estratégico del Poder Judicial, en cuyo proyecto participativo trabajaron los Magistrados del Perú, bajo el liderazgo del Dr. Francisco Távara reunidos en Talleres Distritales y Talleres Macro Regionales. Su aplicación inmediata desde el 2009, se efectivizará con la aprobación de la Sala Plena de Justicia de la República, de esta importante herramienta de gestión institucional que será la guía activa del quehacer del Poder Judicial, con ello por primera vez se contará con un Plan Estratégico Institucional (PEI) en un Poder del Estado, con lineamientos de Corto, Mediano y Largo plazo, con indicadores, metas concretas y cronograma de flujo.
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Se convocará de inmediato a la 1ra reunión de presidentes del cortes superiores de Huancavelica entre el 15 y 17 de Enero para delinear la política judicial del 2009/2010.
Se implementará un mecanismo que facilite el cumplimiento del rol activo de los Vocales Supremos Titulares en los distritos judiciales.
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Se implementará de inmediato un Grupo de Trabajo Ad Hoc, sub grupo del gabinete Técnico de Presidencia encargado de producir propuestas legislativas de modificación de códigos sustantivos y procesales tendentes a lograr celeridad inmediata en aquello que sea pertinente.
Se creará un Grupo de Trabajo Ad Hoc, encargado de producir la “reforma procesal civil” basada en la oralidad, en coordinación con el Ministerio de Justicia.
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Se formulará una Propuesta Legislativa para que la Sala Plena retome función contralora de la constitucionalidad de las leyes.
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Respecto de los estándares de gestión, proponemos que:
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1. Al término del primer trimestre del presente año, se concluirá con la redefinición de la estadística judicial: recolección y procesamiento de datos basado en el uso intensivo de la tecnología.
2. Redefinir el Modelo de Despacho Judicial, con la implementación de un Piloto en el primer semestre de 2009.
3. Fijar metas concretas de resolución de expedientes para cada órgano jurisdiccional, las que entrarán en vigencia en marzo de este año.
4. Se nominará un Comité de Consejeros para Monitoreo de labor jurisdiccional o ampliación de funciones a comité existente para monitoreo del Plan Nacional de Descarga Procesal.
5. Se publicará los resultados de labor jurisdiccional en ranking y mensualmente, con el establecimiento de estímulos al esfuerzo permanentemente desplegado, sin perjuicio de diseñar un modelo premial de economía de fichas para bonificar a futuro el mejor rendimiento del Juez.
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En materia de integración de sistemas de información, lo siguiente:
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Antes de concluir el presente ejercicio, se tendrá sistemas de apoyo y soporte a la labor jurisdiccional y que principalmente brindará servicios ampliados a ciudadanos en todos los órganos jurisdiccionales del Perú.
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Al concluir el primer trimestre de 2009, se implementará el Programa Piloto de Notificación Electrónica, el mismo que entrará en vigencia nacional al inicial el segundo semestre de 2009.
Se tendrá funcionando antes que concluya el 2009 un nuevo Sistema de Gestión Administrativa que permita gestionar adecuadamente el trámite administrativo.
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Se dictaran medidas complementarias para reforzar y acelerar el Plan Nacional de Descarga Procesal en marcha sin perjuicio de resaltar y agradecer las importantes propuestas alcanzadas por la señora Ministra de Justicia doctora Rosario Fernández Figueroa.
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Propongo al CEPJ , la aprobación de una Directiva a efecto de impedir el ingreso de lo que en este acto damos a llamar “carga chatarra”, conforme a lo previsto en los artículos 77 del Código de Procedimientos Penales; así como a los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil.
Queda en el tintero, pero no en la inteligencia de lo que hay que hacer y atender, lo relativo a la justicia de paz, tanto las metropolitanas como las rurales y alto andinas. Lo veremos cuidadosamente, y visitaremos sus sedes, como ya lo hemos anticipado tan pronto fuimos electos, en un peregrinaje de aliento, en un peregrinaje de gratitud que debemos a los esforzados Juez de Paz del Perú.
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Se ha quedado en el tintero, también, una autocritica porque es obvio que no nos hemos ganado el cariño y respeto del pueblo, y de esta penosa realidad no le vamos a echar la culpa a la prensa, al Gobierno ni al presupuesto. Tenemos, nosotros los Jueces de todo el Perú que recorrer nuestros pasos y rectificar. Cuando un expediente languidece años, perennizando el conflicto, el dolor, la escasez o el agravio, somos nosotros los responsables. Cuando durante siete años, siento en el banquillo ignominioso y estigmatizador al acusado, yo soy el responsable. Depongamos, el preciosismo procesal y resolvamos con disposición combativa los asuntos, no de espaldas, sino de cara al pueblo.
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Gracias.
[1] FERRAJOLI, Luigi. El Juez en una sociedad democrática. Extraído de la página web: www.poder-judicial.go.cr/dialogos/documentos/LUIGI%20FERRAJOLI/LUIGI%20Ferrajoli.doc
[2] RAMOS ROLLÓN, Marisa. Sistemas Judiciales y democracia en Centro América. Número 8, citando a North. CIDOB, Barcelona, 2005.
[3] PLAZOLLEZ PORTUGAL, Armando. Justicia y Economía. ¿Por qué la modernización del sistema de justicia nos debe interesar a todos?. Por si y citando a Sherwood y otros. Publicado por Iris Perú Center - USAID, No. 3, Abril 2005, página 2.
