PERÚ FUE ADMITIDO COMO MIEMBRO PLENO DE LA COMISIÓN DE VENECIA

A través del Tribunal Constitucional PERÚ

Es el más alto órgano consultivo del Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.El Perú fue admitido como miembro pleno de la Comisión Para la Democracia-Comisión de Venecia-, el más alto órgano consultivo y de asesoramiento del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, Francia; convirtiéndose junto con Chile, como los únicos países de la región en integrar esta exclusiva Comisión. Esta incorporación se materializa a través del Tribunal Constitucional (TC).

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Esta incorporación es el resultado de las coordinaciones realizadas por la misión peruana del TC que con el financiamiento de Proyecto de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia del Perú (JUSPER) y del Tribunal Constitucional cumplieron una fructífera jornada de capacitación, intercambio de experiencias y visitas oficiales en Francia y Roma el pasado mes de octubre, a cuyo retorno y tras reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores y cumplidas las formalidades de rigor, hoy se materializa la inclusión de nuestro país a la Comisión de Venecia.

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La misión peruana estuvo encabezada por el entonces presidente del TC, doctor Carlos Mesía Ramírez e integrada por los magistrados Juan Vergara Gotelli (hoy presidente del TC), Ernesto Álvarez y el Secretario Relator, Ernesto Figueroa Bernardini.Esta Comisión fue creada en 1990 y sus miembros son reconocidos expertos.

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Es un órgano consultivo del Consejo de Europa en el ámbito del derecho constitucional, por tanto su principal actividad, consiste en prestar asesoramiento para la preparación de las constituciones, enmiendas constitucionales y legislación para-constitucional, así como legislación sobre las minorías o legislación electoral en las llamadas democracias emergentes para la consolidación y profundización de la democracia, el estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales de la persona humana.

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La Comisión de Venecia ha tenido siempre presente que para que los textos constitucionales tengan cualquier utilidad deberán ser puestos en práctica por la sociedad; por lo tanto, es natural que la Comisión se dirigiera hacia los Tribunales Constitucionales u órganos equivalentes, considerados como instituciones mejor preparadas para apoyar esta puesta en práctica.